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La Universidad de Alicante accede a la petición de un familiar y borra de su web el nombre de un miembro del tribunal que condenó a muerte a Miguel Hernández

Miguel Hernández, en una imagen de archivo

elDiario.es

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón, secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández, ha logrado que la Universidad de Alicante (UA) borre el nombre de su padre de dos artículos alojados en su web, según ha adelantado El País.

Tras la reclamación, que responde al reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, la UA ha procedido a desindexar el nombre del miembro del ejército franquista de los artículos del catedrático de Literatura Española Juan Antonio Ríos Carratalá. La institución ha dejado únicamente las iniciales en uno de los documentos.

En 1940, el poeta Miguel Hernández fue condenado a muerte. Sin embargo, enfermo de tuberculosis, terminó por fallecer en la cárcel en 1942. El hijo de Baena Tocón defiende que en los artículos del catedrático, su padre es presentado como “un verdugo y fue una víctima más”.

Por su parte, Ríos Carratalá ha denunciado en redes sociales el “olvido digital” de sus escritos tras la decisión de la institución de aceptar “la solicitud de quien pidió ejercer el derecho de supresión de las referencias a uno de los instructores del consejo de guerra que condenó a Miguel Hernández”.

En su defensa remitida a la universidad, Ríos Carratalá alega que el nombre Baena Tocón aparece en sus artículos por su participación en el tribunal que condenó a Hernández y que no incluyó “datos relativos a la vida privada y a la intimidad que no resultan relevantes para la información pública o la investigación histórica”.

El escritor ha presentado un recurso de alzada al rector, según ha informado a El País su abogado, José Luis Romero. “Estoy triste y muy dolido, pero seguiré reivindicando el derecho a la memoria histórica”, ha añadido el catedrático en su mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

La Universidad alicantina se ha justificando alegando que se trata de una decisión cautelar y provisional basada en el informe de la delegación de Protección de Datos. La decisión definitiva, afirman, la tomará una comisión.

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